El
Congreso Judío Europeo (CJE) pide a la Unión Europea que vigile y persiga a los
ciudadanos “intolerantes”
AG.-
Uno de los principales lobbys de presión en los paises de la eurozona es el CJE
(Congreso Judío Europeo). Como muestra de su influencia en la toma de
decisiones, en una acción sin precedentes ha pedido la creación de “Unidades
especiales de vigilancia” para vigilar a los ciudadanos que puedan ser
considerados “intolerantes” en cualquiera de los 27 Estados miembros.
Resultado
de esto ha sido la creación del European Council on Tolerance and
Reconciliation (Consejo Europeo por la Tolerancia y la Reconciliación), adjunto
a la Comisión de libertades civiles del Parlamento. Este Consejo tomará el
control y se hará cargo de las “unidades especiales de vigilancia” en los
distintos gobiernos, encargándose de la supervisión y recopilación de datos de
“sospechosos”, y actuará preferentemente en el Ministerio de Justicia de cada
Estado miembro.
Por
poner un ejemplo, a partir del año que viene se habilitarán en España mas de
cincuenta fiscalías contra los “delitos de odio”, es decir, habrá más fiscalías
dedicadas a perseguir, reprimir y multar a españoles que tengan opiniones
políticamente incorrectas que fiscalías dedicadas a perseguir la corrupción
institucional y/o política.
Entre
estas opiniones “políticamente incorrectas” se perseguirá legalmente a quienes
tengan opiniones contrarias al feminismo, al multiculturalismo, al
homosexualismo, al igualitarismo, al separatismo o a la inmigración masiva.
También a quienes denuncien el racismo antiespañol, el ataque a la tradición, a
la familia, la endofobia institucional, la discriminación “positiva” (negativa
para los españoles), etc. De hecho, estas leyes supuestamente
“anti-discriminatorias” y “anti-intolerantes” están elaboradas de tal manera
que incluso se podría perseguir a quienes tengan opiniones (basta con que solo
sean opiniones) contrarias al globalismo-mundialismo-sionismo.
El
principio impulsor de estas medidas, según dice el mismo Moshe Cantor
(presidente del CJE), es que “no hay necesidad de proporcionar tolerancia al
intolerante” (¡!). Queda claro que con esta postura la principal víctima es la
libertad de expresión, que se verá ampliamente afectada, ya que cualquier
expresión pública pasará por el filtrado de la corrección política.
La
petición del Congreso Judío Europeo frente a los prejuicios ya se incluía en el
“Observatorio Europeo para la Dignidad” (OED), que tiene su sede en Bruselas y
examina la violación de derechos civiles en la Unión Europea. El OED ha
advertido que el EJC pretende “imponer un control gubernamental sobre el
comportamiento social y económico de los ciudadanos intolerantes en el sentido
más amplio posible”. Observa además que “está claro que esa posición podría dar
lugar a situaciones en las que se podrían dirigir acusaciones poco claras o
injustificadas contra personas y grupos”.
Las
consecuencias de la adopción de este requisito por la UE podrían ser muy serias
y dolorosas. Según el OED: “Si se establece como política de la UE podría dar
lugar a la inclusión de categorías vagas sin ninguna base legal. El resultado
será una reducción drástica (y posible extinción) de la libertad fundamental de
expresión, y que los individuos y los grupos se autocensuren por temor a que
puedan ser procesados por expresar sus puntos de vista morales o personales”.
El
Observatorio Europeo para la Dignidad termina realizando una crítica muy clara
a las medidas impulsadas por el Congreso Judío Europeo: “cualquier aprobación
de estos estatutos a nivel nacional por los Estados europeos no sólo sería un
gran paso hacia atrás, sino que implicaría una supervisión supranacional, algo
que supondría sin duda un día negro para la democracia europea”.
En
esta misma línea del Congreso Judío Europeo (cuyos intereses no son ni las
libertades ni la tolerancia, sino seguir los intereses del sionismo por crear
un mecanismo de control y supervisión supranacional sobre el ciudadano por
encima de los propios estados), instó igualmente a los respectivos gobiernos a
que se votara el proyecto de ley “anti-racista” en Grecia, Hungría y otros
países, del cual ya se habló en este artículo,
que no es otra cosa que la privación de la libertad de palabra y de expresión
de los ciudadanos con el fin de cumplir con los dictámenes internacionales y
subordinando los intereses nacionales.
