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jueves, 11 de junio de 2020

ISRAEL MANDA – ANTONIO CAPONNETTO









Hemos dejado pasar unos días, deliberadamente, para no incurrir en lo que suele llamarse un juicio temerario. Pero los días han pasado y no encontramos explicaciones ni respuestas oficiales a lo que vamos a plantear.

La noticia tomó estado público –desde los grandes medios y las redes sociales- entre el 5 y el 6 de este mes de junio. Un grupo de aproximadamente cien rabinos ingresó al país para auditar la faena de carne kosher. Arribaron todos en un vuelo de Al Israel Airlines, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con sus shojtim o especialistas del proceso de faenamiento de dicho producto alimenticio.

El mismísimo Canciller Solá impartió las órdenes pertinentes para que se exceptuara el rígido cerco que pesa sobre espacio aéreo nacional y se habilitaran todos los mecanismos que, de ordinario, están cerrados y prohibidos desde el inicio de la cuarentena.  En conferencia online dada por la plataforma de la American Chamber de Argentina, el susodicho Solá ofreció sin rubores los detalles de maniobra tan excepcional, en una circunstancia en la que el Gobierno ha hecho del confinamiento, de la prisión domiciliaria y del encierro una política de Estado.

Las autoridades económicas, a su turno, no se privaron de justificar la medida porque semejante actividad frigorífica significa una ganancia de 170 millones de dólares anuales; y hasta Fernández, El Mínimo, violando el Mandamiento Undécimo que reza “Quedate en casa”, viajó a La Pampa con su comitiva y visitó el Frigorífico. Carnes Pampeanas, de CRESUD, del empresario Eduardo Elsztain"No podíamos producir carne kosher porque no teníamos posibilidad de contar con la supervisión rabínica indispensable para obtener la certificación", dijo un directivo de Cresud, aliviado tras el ingreso y la libérrima capacidad de desplazamiento de la cárnea delegación hebrea.

Quienes quieran completar la información sobre lo que estamos relatando, pueden acompañar la noticia con la visualización de las fotos de los ilustres matarifes. Pues quisiéramos sacarnos las dudas acerca de si se observa a cada quien portando el sacro barbijo, o la sofisticada máscara transparente; guardando la distancia social, signo de nuestro vasallaje fernandino, y cumpliendo con todos y cada uno de los formulismos higiénicos obligatorios que rigen para el resto de los mortales. Los charcuteros de Sión, al parecer, gozaron de libertades irrestrictas y amplias para cuidar los vientres de su feligresía y las alcancías de sus entidades bancarias.

No sabemos si se ajustaron para ellos los rígidos protocolos y seguimientos sanitarios que se aplican en el común de los casos. A nadie le importó saber de sus pasos presuntamente contaminantes o contaminables, ni exigir rendición de cuentas sobre los libérrimos desplazamientos de los que disfrutaron, ni ejercer sobre ellos los resguardos supuestamente habituales y coercitivos para asegurarse de que no sean víctimas o victimarios del tremebundo corona virus. Decimos esto, porque ya hay antecedentes del favoritismo con que se aprovecharon de la cuarentena. Verbigracia cuando quisieron festejar casorios o celebrar ceremonias tradicionales.

Lo sucedido prueba claramente un par de cosas, que convendrá subrayar en prietas líneas. Por lo pronto, que esta cuarentena no es una medida sanitaria. Es un delito, y se llama privación ilegítima de la libertad. No es una estrategia médica. Es otro delito, y se llama persuasión coercitiva, lavado de cerebro y sometimiento a servidumbre. Tienen la palabra los juristas. Nosotros, pobres legos, sólo atinamos a decir que un gobierno de delincuentes es más probable que produzca fechorías que actos de sanación.

En segundo lugar, habrá que decir que el suceso comentado deja al descubierto la mentira, según la cual –en un súbito ataque de angelismo- el gobierno privilegia antes la sanidad social que la productividad económica. La supuesta y filantrópica norma (que no es tal, puesto que el control pandémico internacional responde a los planes predeterminados de la Finanza Mundial), encontraría, eso sí, una sorprendente excepción cuando del millonario negocio kosher se trata.

Los llamados “Intelectuales K” –contradictio bufonesca, si la hay- acaban de dar a conocer un manifiesto, en el cual, salir de la cuarentena, sostienen, sería una prioridad del capitalismo neoliberal que prioriza la libertad de mercado sobre la lozanía de nuestro pueblo. Van a tener que hallarle algún nombre, lo más prontito que puedan, a lo que acaba de permitir el gobierno. Esto es, violar ostensiblemente la cuarentena, para que se lleven sus milloncitos verdes los matachines de Tel Aviv. O disimular un poco el servilismo, permitiendo que aterrice una delegación gallega para fiscalizar la paella, u otra calabresa para supervisar la pasta sciuta.

Pero no; es nomás como dijera el Duque de la Victoria: Israel Manda. Por eso también, en plena cuarentena, el pasado 8 de junio, el Boletín Oficial confirmó que el gobierno acaba de adoptar oficialmente la definición de antisemitismo promovida por el IHRA (Alianza Internacional para el recuerdo del holocausto), con el beneplácito expreso de la DAIA. Según los dueños de la neosemántica, quedaría comprendida entre las conductas antisemitas punibles por la ley, “las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos”. Con lo cual, lo que se sigue necesariamente, es la descalificación del Nuevo Testamento, y de la doctrina bimilenaria que de él se sigue, reducido el conjunto todo, ahora, a la condición de calumnia.

La Iglesia, claro; no ha dicho ni dirá una sola palabra. Palabra verdadera, queremos decir. Porque de las otras, de las serviles, falaces y funcionales al dominio de Israel, ya hace tiempo que viene diciendo. Aún antes de la malhadada Nostra Aetate.

El Señor nos deje el Covid 19, pero que, por favor, se lleve estas verdaderas plagas y pestes cuanto antes.

Antonio Caponnetto