Por José Arturo
Quarracino
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En la madrugada del miércoles 30 de diciembre el Senado nacional aprobó el proyecto de legalización del aborto en Argentina, mediante un verdadero mamarracho jurídico basado en un derecho inexistente, por tanto nulo: que la mujer tiene derecho a matar a su hijo antes de nacer. Supuesto derecho que no está instituido ni sancionado en ninguna ley nacional ni internacional.
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De este “derecho” inventado de matar al hijo, el proyecto deduce que el aborto es entonces un tema de salud pública, porque al ejercerlo pone en riesgo su salud, que el Estado debe salvaguardar. Esta concepción del aborto como un tema de salud es la que articula todo el texto aprobado, concepción que constituyó el caballito de batalla del presidente para justificar su intención de legalizar el aborto (“el aborto es un problema de salud pública”), su secretaria legal y técnica de la Presidencia, la abogada Vilma Ibarra, su ministro de Salud, Ginés González García, varios de los ministros del gabinete nacional, y la mayoría de los diputados y senadores que apoyaron el proyecto.
Pero esta articulación necesitaba llevar a cabo un procedimiento: eliminar del texto normativo toda referencia y mención a los niños por nacer, eliminación textual que se cumplió a rajatabla, ya que no se los menciona ni una sola vez. Esta desaparición textual es la que justifica la desaparición práctica que se va a ejercer con el aborto, es decir, la desaparición forzada de los niños por nacer, sin ningún tipo de defensa posible: si la mujer quiere matar “eso” que tiene en su seno, la decisión se ejecuta sumariamente, en un plazo máximo de 10 días.
Así, los niños por
nacer se convierten en Argentina en el único grupo demográfico que tiene el
“derecho” de ser asesinado legalmente, a pesar de no haber cometido ningún
delito. De ahora en más, a un asesino serial, a un violador, a los asesinos de
todo tipo y color se los mantiene vivos, pero a los niños por nacer se los
puede matar, aplicándoseles una verdadera pena de muerte que la Constitución
Argentina prohíbe expresamente.
Es decir, el proyecto de ley aprobado viola clara e innegablemente la
Constitución Nacional Argentina.
Pero además su
fundamento “sanitario” no ha sido creado ni inventado por el gobierno
autodefinido como progresista, “nacional y popular”, etc., sino simplemente
copiado, ya que como hemos afirmado en varias oportunidades, fue
inventado en 1972 por John Davison Rockefeller III, en su plan integral de
control de la natalidad para Estados Unidos, a pedido del entonces presidente
Richard Nixon: “[…] la anticoncepción es el método de elección para prevenir un
nacimiento no deseado. Creemos que el aborto no debe ser considerado un
sustituto para el control de la natalidad, sino más bien como un elemento en un
sistema general de cuidado de la salud materno-infantil”[1].
Curiosa forma de cuidar
la salud infantil, matando al niño (????).
Es decir, la ley sancionada no es una ley progresista nac&pop del binomio
Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, es una ley basada en
la ideología antinatalista y genocida del poder financiero global que
la familia Rockefeller representa.
Así, la concepción
abortista de la plutocracia anglosajona se convierte en principio de una ley de
la “democracia” regenteada por el progresismo kirchnerista hoy gobernante.
De este modo, la
dominación económica ejercida por el clan Rockefeller a través del Consejo de
las Américas[2] creado por David Rockefeller en 1965 se refuerza con la
institucionalización jurídica de su concepción antinatalista y abortista en la
legislación argentina. La economía argentina ya es propiedad de la plutocrática
familia angloamericana, ahora la legislación que habilita la pena de muerte
prenatal -sin causa, sin juicio y sin condena- también.
En definitiva, el gobierno Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner
hace su “ofrenda de Navidad” a la familia Rockefeller, consolidando su
dominación colonialista de la Nación Argentina, en nombre de un gobierno
“progresista, nacional, popular y feminista”.
En este contexto de entrega, vale destacar la decidida reacción de una gran parte del pueblo argentino, que durante un mes salió a las calles en las principales ciudades de las provincias argentinas y de la ciudad de Buenos Aires, para rechazar el proyecto abortista, en una forma abrumadoramente mayoritaria. Distintas encuestas de opinión realizadas por distintas consultoras mostraron que más del 60% de la población argentina rechaza visceralmente al aborto como derecho, cifra que en algunas ciudades y regiones se eleva hasta un 85%.
A pesar de esta oposición popular el gobierno argentino pudo alcanzar su
objetivo abortista, ya que, entre otras cosas, le resultó muy funcional y
favorable la actitud pasiva, complaciente y silenciosa de la jerarquía
eclesiástica católica, nacional y vaticana, que durante un año guardó un
silencio casi absoluto, sólo interrumpido en las últimas semanas por
declaraciones que más bien parecían destinadas a mostrar la oposición suave al
proyecto abortista[3], que a oponerse realmente, o directamente a mantener
silencio absoluto en el Mensaje navideño papal urbe et orbi[4]
Si bien es cierto que
los días 28 y 29 hubo pronunciamientos tanto de algunos obispos argentinos,
como de monseñor Marcelo Sánchez Sorondo y del mismo papa Bergoglio, pero
cuando las cartas ya estaban echadas.
Pero lo que resulta llamativo es el silencio absoluto los obispos y
sacerdotes llamados “villeros”, con excepción del padre José De Paola,
que se había pronunciado ya en el año 2018 y también en estos últimos meses a
favor de la vida de los seres humanos nacientes, pero en la soledad sacerdotal
más absoluta, respecto a sus colegas sacerdotes y a los obispos del país.
El 25 de marzo de este año, en los días iniciales del confinamiento dispuesto
por el gobierno frente a la pandemia del Covid-19, el obispo “villero” de la
arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara, y los sacerdotes
“villeros” José María “Pepe” Di Paola, Juan Isasmendi, Nicolás Angelotti,
Eduardo Drablle, Carlos "Charly" Olivera y
Lorenzo "Toto" de Vedia se reunieron con el
presidente Alberto Fernández. En ese encuentro los sacerdotes ofrecieron la
colaboración de la Iglesia para afrontar los desafíos de asistencia social que
necesitaban los sectores más vulnerables de la población que atienden los
mencionados clérigos. Al final del encuentro rezaron un Padre Nuestro con
el primer mandatario.
Pero inexplicablemente,
desde el momento que el presidente argentino envió el proyecto abortista al
Congreso, el 17 de noviembre, ninguno de los mencionados sacerdotes -excepto el
padre De Paola- ni tampoco el obispo Carrara se pronunciaron al respecto. Surge
la pregunta entonces: ¿cuál es el compromiso político, y tal vez
crematístico, de los prelados con las autoridades gubernamentales, en especial
con la vicepresidente Cristina Kirchner? ¿Por qué el silencio
absoluto? ¿Es más fuerte su relación política con la vicepresidente partidaria
del aborto que su sacerdocio? ¿A cuánto cotiza su silencio? En todo caso, deben
explicar al pueblo argentino y a la grey que ellos atienden por qué se han
callado la boca ante el avance de esta ley anticonstitucional y genocida,
antinacional y anticristiana.
Con la legalización
sancionada, el pueblo argentino se verá obligado a afrontar a fondo la ofensiva
criminal impulsada por el imperialismo internacional abortista para beneficio
de la plutocracia financiera internacional que tratará de instituir el
genocidio prenatal como base y fundamento de la sociedad argentina.
[1] Population Growth and the American Future, Nueva York 1972, Capítulo 11. Human Reproduction.
[2] Ver as-coa.org/about/coa-corporate-members
[3] magister.blogautore.espresso.repubblica.it/…ina-sobre-el-papa-y-el-aborto/
[4] marcotosatti.com/…diferencia-del-papa-bergoglio/