Motu
Proprio del Papa Francisco en materia penal, en continuidad con Benedicto XVI
2013-07-11
Radio Vaticana
(RV).- «En nuestro tiempo, el bien común está cada
vez más amenazado por la criminalidad organizada y transnacional, el uso
indebido de las condiciones económicas y del mercado, así como el terrorismo».
Así empieza la Carta Apostólica del Papa Francisco en forma de Motu Proprio en
materia penal, para luego añadir: «Por tanto, es necesario que la comunidad
internacional adopte instrumentos jurídicos adecuados que permitan prevenir y
combatir la criminalidad, favoreciendo la cooperación judicial internacional en
materia penal.
La
Santa Sede, actuando también en nombre y por cuenta del Estado de la Ciudad del
Vaticano, en la ratificación de numerosas convenciones internacionales en este
ámbito, siempre ha afirmado que estos acuerdos constituyen los medios para una
aplicación efectiva de las actividades delictivas que amenazan la dignidad
humana y el bien común y la paz».
En
la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se llevó a cabo la conferencia de
presentación de las nuevas leyes en materia penal - enmiendas al Código Penal y
al Código de Procedimiento Penal - y de sanciones administrativas para el
Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede. Con la intervención del Prof.
Giuseppe Dalla Torre, Presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del
Vaticano.
“En
la fecha de hoy, el Santo Padre Francisco adoptó un Motu Proprio en materia
penal”. Destaca, en el primero de sus once puntos, un Comunicado de la Oficina
de Prensa de la Santa Sede, añadiendo que, también en esta la misma fecha, la
Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha aprobado las
siguientes tres leyes:
-
la ley n. VIII, que establece "Normas complementarias en materia
penal";- la ley n. IX, que establece "Enmiendas al Código Penal y al
Código de Procedimiento Penal";
-
la ley n. X que establece "Normas generales para las sanciones
administrativas".
Explicando
- en el punto 2 - que “el Motu Proprio tiene el objetivo de extender la
aplicación de las leyes penales aprobadas por la Pontificia Comisión para el
Estado de la Ciudad del Vaticano también al ámbito de la Santa Sede”, el
Comunicado de Prensa añade – en el punto 3 - que “las leyes penales adoptadas
hoy prosiguen la adecuación del ordenamiento jurídico vaticano, en continuidad
con las acciones emprendidas, a partir del año 2010, durante el pontificado del
Papa Benedicto XVI”.
El
punto 4 señala que “Las mismas leyes tienen también contenidos aún más amplios,
proveyendo la actuación de múltiples Convenciones internacionales, entre ellas
podemos recordar: las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 contra de los
crímenes de guerra; y la Convención Internacional de 1965 sobre la Eliminación
de toda formas de discriminación racial; la Convención de 1984 contra la
tortura y otras penas, y tratos crueles, inhumanos y degradantes; la Convención
de 1989 sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos del año
2000”.
“En
este ámbito – se lee en el punto 5 del Comunicado - hay que señalar la
introducción ya producida del delito de tortura y la amplia definición de la
categoría de delitos contra los menores (entre los cuales se señalan: la venta,
la prostitución, el reclutamiento y la violencia sexual contra los menores; la
pornografía infantil, la posesión de pornografía infantil; actos sexuales con
menores).
“También
se han introducido figuras criminosas relativas a los delitos de lesa
humanidad, a los que se dedica un título aparte – apunta el punto 6, añadiendo
que – se ha previsto, entre otras cosas, la pena específica de delitos como el
genocidio y el apartheid, en el sentido de lo dispuesto en el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, de 1998; así como se ha revisado el título sobre los
delitos contra la administración pública, en relación con la Convención de las
Naciones Unidas de 2003 contra la corrupción. Desde el punto de vista de las
sanciones, además, se decidió abolir la pena de cadena perpetua, reemplazándola
con la pena de prisión de 30 a 35 años”.
“De
acuerdo con las últimas directrices en ámbito internacional – explica el punto
7 – se ha introducido también un sistema de sanciones a cargo de las personas
jurídicas, en todos los casos en que éstas aprovechen de actividades criminosas
cometidas por sus órganos o dependientes, estableciendo en ellas una
responsabilidad directa con sanciones de interdicción y pecuniarias”.
“En
cuanto a las disposiciones de procedimiento penal se han introducido los
principios generales de un juicio justo en un plazo razonable y la presunción
de inocencia del imputado – se lee en el punto 8, que explica asimismo que “se
han potenciado los poderes cautelares a disposición de la Autoridad judicial
(con la actualización de la disciplina de confiscación, potenciada por la
introducción del bloqueo preventivo de bienes)
El
punto 9 destaca que “un sector muy importante de la reforma concierne a la
reformulación de la normativa relativa a la cooperación judicial internacional,
de antigua fecha, con la adopción de medidas de cooperación adecuadas a las
convenciones internacionales más recientes”.
El
penúltimo punto, el n 10 señala que “la ley en materia de sanciones
administrativas tiene carácter de normativa general, al servicio de disciplinas
particulares que, en las distintas materias, preverán sanciones destinadas a
favorecer la eficacia y el respeto de normas para la tutela de los intereses
públicos”.
Y
en el último punto, el 11 se lee que “estas intervenciones normativas se
colocan en la dirección de una actualización destinada a dar mayor sistematismo
y completar el sistema normativo vaticano”. (CdM – RV)
“Considerando
que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de
las Naciones Unidas…”.
(Convención sobre los derechos del niño)
